Sara Duarte ni
siquiera encuentra las fotos. Su casa de madera y caña
aún está alborotada y con las puertas y ventanas
destruidas, desde la madrugada del pasado lunes.
“La última vez
que los vi felices estaban dormidos”. La mujer de
mirada profunda se refiere a tres personas: su padre,
Marco Duarte Cevallos, de 60 años; su esposo, Máximo
Vicente Castro Martínez, de 39 y al mayor de sus seis
hijos, Raúl Vicente Castro Duarte, de 21.
Eran las
01:30. A ellos los sacaron de sus camas mientras
dormían, como lo hacían los demás arroceros del
recinto Minas de Oro de la parroquia Tarifa, cantón
Samborondón, en Guayas.
“Decían que
eran policías y militares y que los llevarían presos”.
Al principio, Sara, de 36 años, creyó la justificación
por los uniformes y las esposas que utilizaron los 20
sujetos. No vio sus rostros, ellos tenían
pasamontañas.
En la
confusión escuchaba los gritos de su suegra, Yolanda
Martínez, de 62 años, quien vive al frente, a solo 50
metros. A ella, minutos antes, le ocurrió lo mismo:
vio cómo los encapuchados interrumpieron el sueño de
dos de sus ocho hijos: Félix Guillermo (44) y
Wellington Alberto Castro (30).
Los sujetos
preguntaron por los otros dos hermanos Castro
Martínez, Pedro y José. Ambos no llegaron a dormir a
la casa de su madre; estaban ebrios en una piladora de
arroz en la vía al cantón Salitre. Ellos ahora dicen
que, si están vivos, “gracias al trago de Dios”, es
para vengar la muerte de sus tres hermanos, de su
sobrino y del abuelo de este.
Sara y su
suegra miraron por las hendijas, bajaron las escaleras
de las humildes viviendas y siguieron, desesperadas,
a sus familiares. Detrás de ellas venía Nelly, una de
las tres hermanas Castro, quien marcaba desde su
celular a la Policía. Ella se despertó con los
disparos que hicieron los misteriosos hombres.
“Mi nieto
gritaba, suplicaba y mis tres hijos también”. Lo
recuerda doña Yolanda, cuya mirada se pierde por los
estrechos caminos de Minas de Oro, lugar donde nació,
formó su familia y crió a sus ocho hijos. Caminar por
allí fue complicado en la madrugada: no hay servicios
básicos y son caminos de tercer orden y cuya vía
principal, que aún permanecen sin asfaltar, está a
tres kilómetros.
Y a esa
distancia, en una vía que conduce a Salitre y
Samborondón (a más de 32 km cada cantón), los
encapuchados dejaron el vehículo en el que se
movilizaban, una camioneta Chevrolet Luv concho de
vino, placas RBX-232. Antes de llegar a esta, a unos
200 metros, doña Yolanda, Nelly, Sara y sus hijos
apagaron la linterna con la que se guiaban.
Entonces ellas
escucharon los disparos de repetidoras, escopetas
carabinas y recortadas, evidencias al amanecer
encontró la Policía, y ya no dudaron de sus
sospechas: las cinco hombre que 20 minutos antes
dormían habían sido asesinados con más de tres
disparos cada uno, especialmente en sus rostros y
pechos.
Ahora los
Castro se niegan ir al cantón Durán, la jurisdicción
correspondiente, para instaurar la denuncia. No hay
ningún detenido aún. Pedro y José, de 36 y 42 años,
prefieren aumentar la lista de “los culpables”, a
quienes, admiten, van a asesinar. Allí constan ya 15
integrantes, con sus nombres completos, de varias
familias: los Alarcón Burgos, Cevallos Jiménez, Pérez
Mora y los Rizzo.
Esa lista
también la tiene la PJ de Daule, a más de 90 minutos,
donde se realizan las investigaciones, y cuyos agentes
preparan un operativo para el fin de semana, “cuando
de seguros los acusados saldrán a Daule y Salitre a
emborracharse como de costumbre”. Por lo menos así lo
cree el cabo César León, quien dirige el caso.
En tanto, los
Castro comprendieron las razones del quíntuple crimen
el amanecer del lunes: la pelea por la tenencia de 220
cuadras del recinto Paula León, en Samborondón. Las
tierras pertenecen desde 1999, por decisión del
Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), a la
Asociación de Trabajadores Agrícolas Nueva Azucena,
integrada por los Castro y otros campesinos.
Allí esta y
otras familias de Minas de Oro siembran arroz desde
hace 12 años. Pero el 15 de octubre de 1998 las casas
que rodean las 200 cuadras de tierra fueron quemadas
por los Alarcón y los Rizzo, según un parte policial
de la fecha. También ellos se quedaron con la cosecha,
hasta que fueron desalojados el 26 de mayo del 99 por
orden del INDA, donde se tramitó un juicio de
expropiación que ganaron los Castro.